La Ministra que escucho los rumore y no investigó

Durante más de una década, denuncias por abusos sexuales circularon en ámbitos políticos, legislativos y militantes de La Plata sin que nadie activara los mecanismos que el propio Estado dice tener para proteger a las mujeres. No se trató de un hecho aislado ni de un rumor inocente: fueron advertencias reiteradas, testimonios concretos y causas judiciales que nunca avanzaron. En ese entramado de silencios, una figura aparece inevitablemente en el centro de la escena: la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

La propia funcionaria admitió que cuando asumió su cargo en diciembre de 2019 ya conocía las acusaciones que pesaban sobre Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana. No eran desconocidos ni recién llegados: sobre ellos ya existían denuncias desde 2014 y otras formuladas ese mismo año en que Díaz desembarcó en el gabinete de Axel Kicillof. Según la ministra, “circulaban como rumores”. La pregunta es inevitable: ¿qué hace una ministra de Mujeres cuando escucha que, dentro del Estado, hay dirigentes señalados por abusar sexualmente de mujeres?

La respuesta, a la luz de los hechos, fue nada. No hubo investigaciones internas, no hubo alertas preventivas, no hubo protocolos activados. Mientras tanto, los acusados siguieron ocupando cargos, ganando influencia política y moviéndose con absoluta impunidad dentro del Senado bonaerense. El costo de esa inacción fue devastador: una de las mujeres damnificadas terminó abandonando la ciudad y mudándose a más de 300 kilómetros, escapando no solo de sus abusadores sino también de un sistema que decidió no escucharla.

Recién cinco años después, y tras la aparición de nuevas víctimas, la fiscal Betina Lacki reactivó una de las causas dormidas y abrió otro expediente a mediados de 2025. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Pero incluso antes de ese avance judicial, el Estado volvió a fallar. En octubre de 2024, una empleada del Senado bonaerense pidió ayuda al Ministerio de Mujeres. El caso llegó a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, encabezada por Valeria Monetta, y fue escuchado también por Sonia Sánchez, directora de Abordaje de Violencias Diferenciadas.

La mujer aún no había denunciado penalmente. Desde el Ministerio le indicaron que debía hacerlo si quería acceder a medidas de protección como un botón antipánico. En lugar de acompañar, prevenir y resguardar, la política fue clara: primero denuncie, después vemos. Distintos espacios feministas calificaron esa decisión como una forma de desentenderse del problema. Mientras tanto, la víctima seguía expuesta.

La denuncia finalmente se presentó a mediados de 2025. Para ese momento, Rodríguez y Silva Muñoz ya tenían una orden de restricción dictada por otra causa, vigente desde diciembre de 2024. Aun así, siguieron percibiendo sus sueldos del Senado hasta el mes pasado, cuando finalmente fueron detenidos. No volvieron al recinto, pero el Estado siguió pagándoles.

La gravedad del cuadro se profundiza con un dato que resulta imposible de relativizar: pese a las restricciones judiciales, los acusados compartieron al menos cuatro actos públicos con las propias víctimas durante 2025. Ocurrió en la vigilia del 2 de abril en Plaza Malvinas, en una misa en la Catedral, en la movilización por la Noche de los Lápices y en un debate en el Teatro Argentino. En todas esas oportunidades, según testigos, tuvieron que ser retirados con intervención policial. Nadie puede alegar desconocimiento.

Tampoco puede pasarse por alto la cercanía política. Existen fotografías públicas, difundidas entre 2020 y 2025, que muestran a Estela Díaz compartiendo actos y actividades con Rodríguez y Silva Muñoz, incluso después de que las denuncias ya eran conocidas en distintos ámbitos. La ministra explicó que se trataba de apariciones circunstanciales, de gente que se acercaba a sacarse fotos. Pero una ministra de Mujeres no es una figura decorativa: ocupa un cargo para prevenir violencias, no para sonreír junto a denunciados por abuso sexual.

Esa convivencia política se replicó en el armado territorial del Movimiento Derecho al Futuro, espacio alineado con el gobernador Kicillof. La Capitana participó de actividades vinculadas a la inauguración de una unidad básica impulsada por la propia Díaz en Ringuelet. Aunque la ministra negó un vínculo orgánico, los registros fotográficos prueban la presencia de los acusados en esos actos. No fue una vez. No fue un error aislado.

El entramado de impunidad no habría sido posible sin una figura clave: Melina Gaudino, hoy investigada como la “falsa abogada”. Su rol fue decisivo para contener, confundir y frenar a las víctimas. Gaudino les aseguraba que estaban siendo representadas legalmente, que había escritos presentados y pruebas incorporadas. Todo era mentira. El abogado Claudio Yacoy, a quien Gaudino decía involucrar en las causas, negó haber sido designado y aseguró que jamás realizó gestiones judiciales. Fue ella quien inventó actuaciones inexistentes.

El engaño alcanzó niveles de crueldad extrema. Cuando Yacoy intentó confrontarla, Gaudino alegó padecer una enfermedad terminal. Días después, el abogado la vio participando activamente en un acto político. Mientras tanto, las víctimas creían que la Justicia avanzaba.

La carrera de Gaudino dentro del Estado expone una falla estructural. Ocupó cargos jerárquicos en el Ministerio de Seguridad, luego en la Municipalidad de La Plata y más tarde en la UTN La Plata, siempre presentada como abogada pese a no tener título. Fue desplazada recién en 2023, tras confirmarse la irregularidad, mediante una resolución firmada por Sergio Berni. Sin embargo, volvió a reciclarse políticamente y trabajó en tándem con Nicolás Rodríguez en la Municipalidad, hasta ser nuevamente dada de baja.

Hoy, mientras la Justicia intenta unificar las causas y determinar responsabilidades penales, la responsabilidad política ya está a la vista. Estela Díaz reconoció que sabía. Sabía que había rumores, sabía que había denuncias, sabía que los nombres circulaban. Y aun así eligió no investigar, no prevenir y no proteger. En un área creada para cuidar a las mujeres y a las diversidades, el silencio no fue neutral: fue una decisición.