Sexo, fanatismo y control laboral: asi funcionaba la red que hoy esta bajo la lupa

La detención de dos empleados del Senado bonaerense dejó al descubierto en La Plata una trama compleja que, según investiga la Justicia, combinó durante años abusos sexuales, manipulación psicológica y un ejercicio concreto del poder político. El caso expone un entramado que habría funcionado bajo una doble lógica: por un lado, un discurso místico de sometimiento y obediencia; por otro, el manejo real de vínculos, contratos y expectativas laborales dentro del Estado.

La causa se tramita en el fuero penal de la ciudad de La Plata y se encuentra en etapa de instrucción. El expediente reúne denuncias que abarcan un extenso período, con hechos que habrían comenzado en 2015 y se habrían prolongado hasta al menos 2023. Los investigadores analizan una multiplicidad de testimonios que describen conductas reiteradas y un patrón común de captación, control y abuso.

El principal imputado es Nicolás Daniel Rodríguez, señalado como el líder de la agrupación política conocida como “La Capitana”. Sin embargo, de acuerdo con los relatos incorporados al expediente, puertas adentro el grupo funcionaba con una identidad distinta, de fuerte impronta sectaria. En ese ámbito cerrado, Rodríguez se presentaba como un guía espiritual, un ser superior, alguien que decía haber alcanzado un nivel de iluminación especial. La estructura interna era identificada como una “Orden de la Luz”, donde el líder se ubicaba en la cima de una jerarquía incuestionable.

Dentro de ese esquema, Rodríguez se hacía llamar con un nombre que reforzaba su carácter supremo y su rol de conductor absoluto. Su palabra no se discutía ni se cuestionaba. Pero ese liderazgo no se sostenía únicamente en el plano simbólico o espiritual. Según surge de la causa, el poder que ejercía también tenía una dimensión concreta, ligada a su rol como empleado del Senado bonaerense y a su inserción en ámbitos políticos.

Tanto Rodríguez como Daniela Silva Muñoz la otra imputada en la causa se desempeñaban dentro del ámbito legislativo provincial. De acuerdo con los testimonios, esa posición era utilizada como una herramienta de presión y control. Varias víctimas relataron que, además del sometimiento emocional y espiritual, existían advertencias vinculadas a la continuidad laboral: amenazas veladas sobre contratos que podían no renovarse, advertencias sobre posibles despidos o bloqueos en espacios de militancia y trabajo.

En paralelo, también operaban las promesas. La posibilidad de acceder a una planta permanente, mejorar una situación contractual o “asegurar” un futuro dentro del Estado aparecía como un incentivo constante. Ese manejo de expectativas laborales funcionaba como un mecanismo de disciplinamiento silencioso, especialmente eficaz en contextos de precariedad y dependencia económica.

Daniela Silva Muñoz ocupaba un rol clave dentro de esa estructura. Era quien mantenía el contacto cotidiano con las víctimas, quien hablaba de oportunidades, de crecimiento y de recompensas. Personas cercanas a los denunciados sostienen que ella estaba profundamente enamorada de Rodríguez y que ese vínculo afectivo habría sido determinante en su comportamiento. Desde esa perspectiva, su rol como captadora se habría sostenido tanto en la obediencia al líder como en una devoción personal que la llevaba a justificar cada paso.

Ese componente emocional se convirtió en una pieza central del engranaje. Daniela era quien traducía el poder simbólico en promesas concretas y quien, al mismo tiempo, transmitía los mensajes de presión y advertencia. El sistema funcionaba así en dos planos simultáneos: la supuesta iluminación espiritual y el control real sobre el trabajo, el ingreso y el futuro de las personas.

Los primeros hechos investigados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años denunció haber sido contactada en ámbitos vinculados a la militancia política y citada luego en un domicilio particular, donde habría sufrido un abuso sexual. En 2016, otro testimonio describió una situación similar ocurrida en un departamento de La Plata, donde la víctima habría sido sometida bajo amenazas, incluso con la exhibición de armas blancas.

Con el paso de los años, la estructura se habría consolidado. Entre 2017 y 2018, las denuncias describen un funcionamiento cada vez más cerrado, con rituales, consignas internas, exigencias extremas y castigos simbólicos. A ese control espiritual se sumaban presiones laborales: advertencias sobre contratos, silencios que funcionaban como castigo y promesas que mantenían a las víctimas dentro del círculo.

La figura de Rodríguez se veía reforzada por su inserción política. Según versiones recogidas en su entorno, su recorrido se habría gestado en sectores ligados al kirchnerismo, con vínculos que le otorgaban una percepción de respaldo y protección. Esa sensación de impunidad habría fortalecido su autoridad y su capacidad de disciplinamiento.

La causa avanzó con allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y material digital que ahora es analizado por peritos judiciales. Con esos elementos y los testimonios reunidos, la Justicia ordenó la detención de ambos imputados. Actualmente permanecen alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, a disposición del juzgado interviniente, mientras se define su situación procesal. No se descarta que surjan nuevas denuncias ni que se amplíen las imputaciones.

El caso expone una de las formas más graves de abuso de poder: aquella que combina lo simbólico con lo institucional. No se trató solo de violencia sexual ni de fanatismo místico, sino del uso simultáneo del amor, el miedo, la necesidad económica y la política para someter voluntades.

Cuando el poder se ejerce desde el Estado aunque sea en los márgenes y se mezcla con la manipulación emocional, el daño se multiplica. Porque no solo se controla el cuerpo o la mente, sino también el trabajo, el sustento y el futuro. Y en ese cruce, las víctimas quedan atrapadas en un sistema del que resulta muy difícil salir.