Cuando los que debían proteger abusaban: la trama de violencia que sacude al Senado bonaerense

El caso que sacude al Senado de la provincia de Buenos Aires no es un hecho aislado ni una anécdota judicial. Es una radiografía brutal de cómo el poder, cuando no se controla, se transforma en una herramienta de sometimiento. La causa judicial es clara y estremecedora: una secta denominada la Orden de la Luz, integrada por Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, captaba víctimas, las sometía a abusos sexuales, psicológicos y económicos, las despojaba de su dinero y, en algunos casos, las hacía ingresar a trabajar al Senado bonaerense para luego quedarse con una parte de sus salarios.

El expediente describe prácticas aberrantes: vejaciones constantes, abuso sexual reiterado, humillaciones extremas y rituales de sometimiento que incluían caminar sobre brasas calientes. No se trataba solo de violencia, sino de un mecanismo sistemático de control, dominación y explotación. Las víctimas no solo eran abusadas: eran anuladas, quebradas y utilizadas.

Pero el hecho que convierte este caso en un escándalo político y sindical de enorme gravedad es otro. Daniela Silva Muñoz no era una persona ajena al Estado ni una figura marginal. Era delegada de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, delegada de UPCN y, aún más grave, integrante del área de Género del sindicato. El mismo espacio que, en teoría, debe proteger a las mujeres frente al abuso de poder, el acoso laboral y la violencia sexual.

Según consta en la causa y en los relatos de las víctimas, Silva Muñoz no solo abusaba, sino que cumplía un rol central en la captación. Era ella quien acercaba a las personas, las convencía, las incorporaba al círculo de sometimiento para luego entregarlas a Rodríguez, su pareja, quien también las abusaba. Ambas figuras operaban como un engranaje perverso dentro de una estructura sectaria que utilizó el Estado, el sindicato y la necesidad laboral como herramientas de dominación.

Aquí se abre un debate ineludible. ¿Cómo una persona con este nivel de violencia, manipulación y abuso llegó a ocupar un cargo sindical, a representar trabajadores y, peor aún, a integrar un área tan sensible como la de Género? ¿Qué controles existen? ¿Qué protocolos se aplican? ¿O no existen?

UPCN no puede mirar para otro lado. Fabiola Mosquera y Héctor Nieves, máximas autoridades del sindicato en la provincia de Buenos Aires, no son nombres decorativos. Son quienes conducen, deciden, avalan y legitiman a quienes ocupan cargos de representación. La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿se investiga a quienes son designados como delegados? ¿Se analizan antecedentes? ¿Se evalúan conductas? ¿Se ocupan de saber que hacen sus delegados en las dependencias? ¿O el sistema se limita a repartir cargos sin control alguno?

Cuando una delegada sindical, integrante del área de Género, resulta ser parte de una secta que abusaba sexualmente de mujeres, el problema deja de ser individual y se transforma en estructural. No alcanza con señalar a los responsables directos. Hay una responsabilidad política y sindical que debe ser discutida.

Los trabajadores y trabajadoras pagan una cuota sindical con la expectativa de ser protegidos. En este caso, una delegada utilizó ese lugar para abusar, captar y someter. Esa traición al rol sindical exige respuestas. ¿Habrá un mea culpa? ¿Habrá un comunicado? ¿Habrá una revisión profunda de los mecanismos de selección y control? ¿O se optará por el silencio cómodo?

El debate está abierto y no puede cerrarse con un expediente judicial. Porque cuando el poder sindical falla en su función más básica cuidar a quienes representa, la responsabilidad ya no es solo penal: es política, ética y social.