Las denuncias falsas y el daño invisible que destruye familias

La problemática de las denuncias falsas vinculadas a la violencia de género se ha transformado en uno de los temas más incómodos y silenciados del debate público. Las medidas de protección implementadas para resguardar a las mujeres frente a situaciones reales de violencia fueron necesarias y urgentes, y negar eso sería irresponsable. Sin embargo, el uso indebido de esas herramientas legales ha generado una distorsión grave del sistema, cuyas consecuencias humanas, familiares y sociales ya no pueden seguir siendo ignoradas.

Las denuncias falsas no son un daño colateral: son un mecanismo de destrucción. Separan a padres de sus hijos de manera inmediata, muchas veces por años, sin pruebas concluyentes, sin condena y sin un verdadero derecho a defensa. En ese proceso, el tiempo —el bien más valioso en la vida de un niño— se pierde para siempre. No hay fallo judicial que devuelva una infancia rota ni una paternidad interrumpida por decisiones apresuradas y automáticas.

El interés superior del niño, principio rector del derecho, se invoca con ligereza pero se viola en la práctica. ¿Quién escucha a los chicos? ¿Quién les pregunta qué sienten, qué necesitan, a quién quieren ver? En innumerables casos, los niños expresan con claridad su deseo de mantener el vínculo con su padre, y aun así su palabra es desestimada. Se habla de cuidado mientras se los priva del amor, la presencia y el acompañamiento de uno de sus pilares afectivos. No se protege a un niño aislándolo injustamente de su padre; se lo daña, se lo marca y se lo expone a consecuencias emocionales que arrastrará toda su vida.

Las secuelas psicológicas son profundas y devastadoras. Hombres empujados a la depresión, al aislamiento, al derrumbe emocional y económico. Niños que crecen con ausencias forzadas, con relatos impuestos, con vacíos que se transforman en angustia, enojo y desorientación durante la adolescencia. Familias enteras quedan desmembradas: abuelos y abuelas separados de sus nietos, tíos y tías alejados de sus sobrinos, primos que dejan de verse. La denuncia falsa no afecta a una sola persona; dinamita redes familiares completas.

El daño también es profesional y social. Hoy, determinadas profesiones están en la mira permanente. Médicos que pierden su matrícula, policías apartados de la fuerza, trabajadores expulsados de sus empleos apenas se formula una denuncia. No importa si luego la Justicia determina que no hubo delito: el daño ya está consumado. La reputación queda manchada, la carrera truncada y la vida personal devastada. En este contexto, ser hombre se ha convertido, en muchos casos, en una situación de riesgo permanente.

La presunción de inocencia, pilar del Estado de derecho, ha sido vaciada de contenido. El hombre denunciado es tratado como culpable desde el primer momento. Se lo expulsa de su hogar, se lo aleja de sus hijos y se lo somete a restricciones que funcionan como una condena anticipada. Debe probar su inocencia en un sistema que ya lo juzgó. No hay igualdad ante la ley cuando el debido proceso se sacrifica en nombre de decisiones automáticas que no distinguen entre prevención y castigo.

Visibilizar esta realidad no es negar la violencia real ni desconocer a las verdaderas víctimas. Es, precisamente, defenderlas. Cada denuncia falsa debilita el sistema, erosiona la credibilidad de las herramientas legales y deja desprotegidas a quienes sí necesitan auxilio urgente. Un sistema injusto no protege a nadie.

El silencio frente a las denuncias falsas también es violencia. Violencia contra los niños a quienes se les arrebata a su padre. Violencia contra hombres inocentes a quienes se les destruye la vida. Violencia contra familias enteras que quedan atrapadas en procesos judiciales interminables. Defender el interés superior del niño no puede ser un eslogan vacío: debe significar escuchar su voz, preservar sus vínculos y proteger su derecho a crecer con ambos padres cuando no existe peligro real. Sin verdad, sin equilibrio y sin presunción de inocencia, no hay justicia. Hay daño institucionalizado.