Absuelto tras casi tres años: la justicia confirmó que el abuso nunca existió, pero el daño ya estaba hecho

Un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora puso punto final a una causa que comenzó a fines de 2022 y que durante casi tres años mantuvo separado a un padre de su hija a partir de una acusación de abuso sexual que, tras el juicio oral, fue descartada por la Justicia. Los jueces concluyeron que el hecho denunciado no ocurrió y que la imputación careció de sustento probatorio.

La denuncia fue presentada por la madre de la niña y derivó en la apertura inmediata de una investigación penal que tuvo un efecto concreto desde el primer momento: la interrupción total del vínculo entre el padre y su hija a partir de comienzos de 2023. Hasta entonces, existía un régimen de contacto limitado pero sostenido, que quedó suspendido de manera absoluta mientras avanzaba el proceso judicial.

Durante el debate oral se incorporó una extensa y diversa prueba. El tribunal evaluó informes médicos, pericias psicológicas y criminalísticas, registros escolares, testimonios de profesionales y familiares, además de material audiovisual, audios y mensajes agregados al expediente. Tras ese análisis integral, los magistrados coincidieron en que no se hallaron indicadores físicos ni clínicos compatibles con un abuso, ni elementos objetivos que permitieran corroborar la acusación.

Uno de los ejes centrales del juicio fue el examen del origen del relato que dio lugar a la denuncia. Según se desprende del fallo, la acusación no se apoyó en una manifestación espontánea de la niña, sino en interpretaciones elaboradas por adultos de su entorno. A lo largo del proceso quedó acreditado que la menor fue sometida a múltiples entrevistas y abordajes previos, varios de ellos realizados sin criterios técnicos adecuados ni valor forense, lo que terminó influyendo en la construcción del relato.

En ese contexto, se analizaron registros audiovisuales grabados por la propia madre, en los que se observa a la niña repitiendo expresiones guiadas, con un vocabulario que no se correspondía con su edad ni con su desarrollo madurativo. Docentes y profesionales intervinientes señalaron que ese lenguaje no provenía del ámbito escolar ni de una elaboración natural de la menor, sino de una reiteración inducida.

También fue objeto de análisis el momento en el que habrían ocurrido los hechos denunciados. La acusación situaba los supuestos episodios cuando la niña tenía menos de tres años. Los peritos explicaron que, en esa etapa temprana de la vida, la memoria episódica aún no se encuentra consolidada, fenómeno conocido como amnesia infantil, lo que obliga a evaluar con extrema cautela cualquier relato formulado con posterioridad, especialmente cuando ha sido atravesado por múltiples intervenciones adultas.

Cuando finalmente se realizó la entrevista en Cámara Gesell, el testimonio fue valorado por los especialistas como desordenado, inconsistente y con elementos fantasiosos. A ello se sumó la imposibilidad de precisar un lugar, un día y un contexto concreto para el supuesto abuso. El análisis de registros horarios, imágenes de cámaras de seguridad, testimonios presenciales y un peritaje criminalístico permitió concluir que el imputado no estuvo a solas con la niña y que el sitio señalado no reunía condiciones compatibles con la comisión del hecho.

Con ese cuadro probatorio, el Tribunal Oral resolvió absolver al acusado, al considerar que la hipótesis acusatoria no logró acreditarse y que el hecho denunciado no existió. La causa quedó cerrada, aunque la resolución aún puede ser recurrida por las partes.

Pero la sentencia no alcanza para dimensionar lo que ocurrió fuera del expediente. Durante casi tres años, un padre fue apartado de la vida de su hija sin condena, sin prueba y sin posibilidad de defensa real frente a la condena social. La infancia avanzó, el tiempo pasó y el vínculo se quebró mientras el proceso judicial seguía su curso con la lentitud habitual del sistema.

Este tipo de causas deja al descubierto un daño que rara vez se reconoce. El del hombre que pierde trabajo, prestigio, nombre y credibilidad. El del escarnio público y el escrache en redes sociales, donde la acusación basta para destruir, aun cuando después no se pruebe nada. En estos escenarios, la presunción de inocencia se vuelve una consigna vacía: primero se castiga, después si llega se absuelve.

Pero el daño no termina ahí. Los niños también son víctimas de estos procesos. Son privados de uno de sus vínculos esenciales, atravesados por conflictos ajenos y utilizados, muchas veces, como herramientas de presión o venganza entre adultos. Nadie les devuelve los cumpleaños ausentes, los abrazos que no llegaron, los años que pasaron sin contacto.

Las medidas de protección existen y son indispensables para las verdaderas víctimas. Negarlo sería irresponsable. Lo que este caso vuelve a exponer es lo que ocurre cuando esas herramientas se usan sin rigor, sin control y sin consecuencias. Cuando una denuncia sin sustento se convierte en una condena anticipada, el sistema deja de proteger y empieza a destruir.

La Justicia puede absolver, pero no devuelve el tiempo perdido. No recompone la infancia interrumpida. No limpia del todo el nombre mancillado. Y mientras no se asuma el costo humano de estas denuncias que no se prueban, seguirán acumulándose fallos que llegan tarde, vínculos rotos y vidas marcadas para siempre.