Sueldos municipales: lejos de cubrir la canasta basica

Los empleados municipales de la ciudad de La Plata atraviesan una realidad laboral que expone, sin matices, un esquema de precarización profunda tanto en los ingresos como en las condiciones de contratación. Aunque en los últimos años se eliminó el sistema de cooperativas y muchos trabajadores pasaron a depender formalmente de la Municipalidad, ese cambio administrativo no se tradujo en una mejora real de sus condiciones de vida. Por el contrario, hoy perciben salarios que los colocan muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para no ser pobres y continúan atados a contratos frágiles, renovados año tras año, aun cuando llevan una década o más cumpliendo funciones esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

 Un empleado municipal cobra actualmente alrededor de 353.000 pesos mensuales y no recibe aumentos desde hace muchísimo tiempo. Ese ingreso quedó completamente desfasado frente al costo de vida real. Según el (INDEC) los valores de la canasta básica total, para una familia tipo de cuatro integrantes necesita entre 1.257.000 y 1.276.000 pesos mensuales para no caer bajo la línea de pobreza. La comparación es contundente: el salario municipal no alcanza ni siquiera a cubrir la cuarta parte de lo necesario para vivir dignamente. No se trata de una situación ajustada o apretada, sino de un escenario que empuja directamente a la indigencia, donde el sueldo no permite garantizar alimentación adecuada, vivienda, servicios básicos ni una mínima previsibilidad económica.

A esta precariedad salarial se suma una situación contractual alarmante. Existen trabajadores con 10, 15 años de antigüedad que continúan firmando contratos temporarios todos los años, sin estabilidad, sin pase a planta permanente y con el temor constante de no ser renovados. Esa lógica convierte al empleo público municipal en una relación de extrema vulnerabilidad, donde el trabajador depende de una firma anual para sostener un ingreso que, aun siendo insuficiente, es el único sostén de su hogar. La falta de estabilidad no solo afecta derechos laborales básicos, sino que opera como un mecanismo de presión silenciosa que condiciona la vida cotidiana de quienes sostienen los servicios municipales.

En este contexto, resulta imposible no señalar la contradicción política de la gestión municipal. Desde el discurso público se critica con dureza la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, se habla de defensa de los trabajadores y de derechos adquiridos, pero en la práctica se mantiene a los propios empleados municipales en condiciones que degradan el sentido mismo del trabajo. Cuestionar reformas externas mientras se paga salarios que condenan a la pobreza y se sostienen contratos precarios durante años expone una incoherencia difícil de justificar. Defender a los trabajadores no es una consigna declamada, sino una responsabilidad concreta que comienza puertas adentro, garantizando ingresos acordes al costo de vida y estabilidad laboral real.

La Municipalidad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, muestra así una distancia preocupante entre el discurso y la realidad. Mientras se destinan recursos a obras y proyectos de impacto visual o político, los trabajadores que limpian, mantienen, ordenan y sostienen la ciudad sobreviven con sueldos que no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas. No hay dignidad posible cuando el salario no permite salir de la pobreza, ni derechos laborales reales cuando la continuidad del empleo depende de una renovación anual que nunca llega a consolidarse.

La reflexión final interpela directamente al modelo de gestión. Hoy, cientos de empleados municipales viven con el miedo permanente a perder un trabajo que, aun pagando apenas 353.000 pesos mensuales, se convierte en un salvavidas precario al que no pueden renunciar. Ese temor los obliga a aceptar condiciones indignas, a soportar la incertidumbre de cada fin de año y a agradecer la continuidad de un ingreso que no alcanza para vivir. Cuando el miedo a perder un salario de miseria termina sometiendo a las personas, el trabajo deja de ser un factor de dignificación y pasa a ser una herramienta de deshumanizacion. Ninguna administración puede hablar de defensa de los trabajadores mientras mantiene a los suyos en un estado de vulnerabilidad económica y laboral tan profundo.