La causa Sur finanzas entra en zona roja: celulares abiertos y documentos bajo la lupa judicial

La investigación judicial sobre Sur Finanzas dio un giro decisivo. En una resolución que marca un antes y un después en el expediente, la Justicia ordenó la apertura de teléfonos celulares y el análisis exhaustivo de documentación secuestrada, con el objetivo de reconstruir el entramado completo de movimientos, vínculos y responsabilidades que rodean a la firma bajo sospecha.

La medida apunta a desentrañar el funcionamiento interno de la financiera, el rol que cumplió cada uno de los involucrados y el circuito real del dinero. Los dispositivos electrónicos serán peritados en busca de mensajes, llamadas, registros y archivos que permitan establecer cómo se tomaban las decisiones, quiénes intervenían en las operatorias y hasta dónde llegaba la red de contactos.

En paralelo, los investigadores avanzarán sobre contratos, papeles comerciales, registros contables y documentación digital, con la intención de cruzar datos y detectar posibles inconsistencias entre lo declarado y lo efectivamente realizado. El foco está puesto en seguir la ruta del dinero y comprobar si existieron maniobras irregulares, desvíos o simulaciones que puedan configurar delitos económicos.

Fuentes judiciales dan por hecho que el contenido de los celulares puede resultar clave. En causas de este tipo, los teléfonos suelen convertirse en la caja negra de las operaciones financieras: allí quedan rastros de acuerdos informales, órdenes directas, advertencias internas y contactos que nunca figuran en los papeles oficiales.

La causa, que ya venía acumulando elementos de peso, entra ahora en una etapa más sensible. La apertura de los dispositivos no solo amplía el volumen de pruebas, sino que también puede comprometer a nuevos actores y profundizar las responsabilidades penales de quienes aparecen en el centro de la escena.

Con esta decisión, el expediente deja atrás la fase preliminar y se adentra en un terreno donde los indicios empiezan a transformarse en evidencias concretas. El mensaje es claro: la investigación no se detiene y va a fondo, incluso cuando eso implique exponer conversaciones privadas y estructuras que hasta ahora permanecían en las sombras.

Porque cuando la Justicia decide escuchar lo que dicen los teléfonos y leer lo que esconden los documentos, ya no se trata solo de una empresa bajo la lupa. Se trata de poner en discusión un modelo de impunidad que durante años encontró refugio en la opacidad financiera. Y ahí es donde el periodismo también tiene una obligación: incomodar, preguntar y no mirar para otro lado cuando el poder económico queda al desnudo.