Militancia, amenazas y sexo forzado: cómo funcionó la red de abusos en la camara alta

La Justicia Penal de La Plata investiga una grave trama de abusos sexuales reiterados que habría operado durante casi diez años dentro del Senado bonaerense y que tiene como principales acusados a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de la Cámara Alta provincial, actualmente detenidos e imputados por delitos contra la integridad sexual.

La causa reúne al menis cinco denuncias que describen un patrón sostenido de sometimiento, manipulación psicológica, amenazas laborales y ejercicio de poder político, utilizado según las presentaciones judiciales para forzar a jóvenes militantes y empleados a situaciones de abuso sexual. Las víctimas pertenecían a la agrupación La Capitana, un espacio político que funcionaba dentro del ámbito legislativo, donde la dependencia jerárquica habría sido clave para garantizar el silencio y la impunidad.

De acuerdo a la investigación, los hechos no se limitaron a un único ámbito. Si bien varios de los ataques se habrían producido dentro del propio Senado Bonaerense, específicamente en la oficina 7, un despacho que operaba bajo la órbita directa de la presidencia del cuerpo, también se registraron episodios en viviendas particulares, departamentos de la ciudad de La Plata, donde las víctimas eran llevadas bajo distintos pretextos.

Uno de los elementos centrales del expediente es el abuso de poder como herramienta de coerción. Las denuncias describen amenazas explícitas vinculadas a la continuidad laboral, el acceso a contratos, la militancia política y la posibilidad de quedar excluidos del circuito institucional. Ese entramado de presiones habría sido determinante para sostener durante años una dinámica de sometimiento que hoy está bajo la lupa judicial.

En el caso de Daniela Silva Muñoz, la acusación adquiere un peso adicional por su rol institucional: se desempeñaba como integrante de la secretaria de genero de UPCN Povincia de Buenos Aires, un área que, paradójicamente, tiene entre sus funciones la prevención y abordaje de situaciones de violencia. Para la fiscalía, esa posición habría sido utilizada como un escudo simbólico que reforzaba la confianza de las víctimas y profundizaba el mecanismo de manipulación.

La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki, la misma funcionaria judicial que llevó adelante causas de alto impacto institucional como la denominada “banda de los jueces” y el expediente conocido como caso chocolate, donde se desbarató una estructura de recaudación ilegal dentro de la Legislatura bonaerense. En este nuevo proceso, Lacki analiza no solo los hechos denunciados, sino también el entramado político y administrativo que permitió que los abusos se extendieran durante casi una década sin ser denunciados.

Según consta en el expediente, el contexto de poder, la pertenencia política y la estructura cerrada del Senado habrían funcionado como un factor de protección informal para los acusados, generando un clima de temor que desalentó durante años cualquier intento de denuncia.

La causa continúa en plena etapa de investigación, con medidas probatorias en curso y la posibilidad de nuevas imputaciones, mientras la Justicia avanza en el análisis de responsabilidades individuales y eventuales encubrimientos dentro de la estructura institucional.