1400 millones de dólares bajo sospecha: la jueza Servini ordena allanamientos

Por orden de la jueza federal María Servini de Cubría, la Justicia avanzó este lunes con un allanamiento en la vivienda de la madre de un reconocido financista, en el marco de una investigación por una presunta maniobra irregular vinculada a la compra de alrededor de US$1400 millones en divisas durante el período de restricciones cambiarias. El procedimiento se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Banfield y forma parte de una causa de fuerte impacto económico y político.

El operativo tuvo como objetivo el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, soportes digitales y documentación que podría resultar clave para reconstruir el recorrido del dinero y las decisiones que permitieron acceder a dólares al tipo de cambio oficial sin una justificación económica acorde. La hipótesis central apunta a la utilización de mecanismos financieros destinados a aprovechar la brecha cambiaria mediante operaciones que habrían eludido los controles vigentes.

El foco de la investigación está puesto en el financista Ariel Vallejo y en la firma Sur Finanzas, una empresa que desde hace tiempo se encuentra bajo observación judicial y que enfrenta múltiples causas en las que se analizan presuntas maniobras para sortear las restricciones cambiarias, además de posibles irregularidades fiscales y financieras. En este expediente, los investigadores buscan determinar si existió un esquema sostenido en el tiempo para canalizar divisas oficiales hacia circuitos paralelos con fines de lucro.

La causa adquiere una dimensión adicional por los vínculos del principal investigado con la dirigencia del fútbol argentino, en particular con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. Esa cercanía colocó el caso en el centro de la escena pública y reforzó el interés judicial por establecer si las relaciones de poder jugaron algún rol en el desarrollo de las operaciones bajo sospecha.

Además del allanamiento en Banfield, la jueza Servini de Cubría ordenó una serie de medidas tendientes a profundizar la pesquisa, entre ellas el análisis de movimientos bancarios, el levantamiento de secretos fiscal y financiero y la revisión de operaciones realizadas durante los años más duros del cepo cambiario. El objetivo es establecer responsabilidades concretas y dimensionar el eventual perjuicio ocasionado al Estado.

Lejos de cerrarse con este procedimiento, la investigación abre un nuevo capítulo en una trama que combina grandes sumas de dinero, empresas financieras cuestionadas y vínculos sensibles con el poder. Mientras la Justicia avanza, el caso vuelve a exponer las fallas estructurales del sistema de control y deja al descubierto cómo, detrás de operaciones técnicas y silenciosas, pueden esconderse maniobras capaces de mover miles de millones de dólares.