Murgas y celulares en las cárceles:la obscena postal del poder

Mientras en La Plata, Ensenada y Berisso suenan los bombos y las murgas, la provincia de Buenos Aires atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos tiempos. No es el carnaval el problema. El problema es la obscena desconexión entre quienes gobiernan y quienes viven con miedo. Axel Kisillof, Mario Secco y Fabián Cagliardi sonríen en los escenarios, saludan a la militancia, levantan los brazos al ritmo de la fiesta, mientras en los barrios la gente se encierra antes de que anochezca porque salir puede costar la vida. La inseguridad dejó de ser una sensación para convertirse en una rutina: asaltos a plena luz del día, entraderas violentas, ejecuciones en ocasión de robo, comercios que bajan sus persianas para siempre y familias que naturalizan el terror como parte del paisaje cotidiano. La provincia sangra y la dirigencia baila.

La crisis no es solo policial, es política. Es abandono, desidia y una alarmante falta de control. Las cárceles, que deberían ser el lugar donde se cumple una condena ejemplificadora, se transformaron en centros de operaciones del delito. Desde los penales salen llamadas de extorsión, amenazas, estafas virtuales. Presos con celulares organizan fraudes, amedrentan a víctimas y hasta transmiten en redes sociales como si estuvieran en un living, no en una celda. No solo delinquieron en la calle; siguen delinquiendo tras las rejas. Y mientras tanto, quienes tienen la responsabilidad de cortar ese circuito miran hacia otro lado. La imagen de internos haciendo vivos en TikTok o coordinando maniobras delictivas desde un pabellón es una bofetada para las víctimas que todavía cargan con el trauma de un robo o el dolor irreparable de una pérdida.

La calle no da tregua. Los vecinos ya no discuten ideología, discuten supervivencia. Cambian rutinas, instalan rejas, cámaras, alarmas, se organizan en grupos de WhatsApp para avisarse movimientos sospechosos. Viven en estado de alerta permanente. El miedo se volvió una forma de vida. Y en ese contexto, ver a los principales dirigentes celebrando como si nada ocurriera resulta, como mínimo, provocador. No se trata de prohibir una fiesta popular; se trata de entender el momento histórico. Cuando la provincia atraviesa una ola de violencia que parece desbordada, la prioridad no puede ser la foto sonriente en el corsódromo.

Hay una realidad que golpea y otra que se maquilla. Una que se vive en los barrios y otra que se actúa en los escenarios. La brecha entre la política y la gente ya no es simbólica, es tangible. Se siente en cada persiana cerrada, en cada comercio asaltado, en cada familia que entierra a un hijo. La sensación de que todo se fue de las manos se instala con fuerza, y frente a esa percepción, la respuesta oficial parece diluirse entre discursos, promesas y bailes.

La provincia no necesita más comparsas oficiales, necesita decisión política, control real en las cárceles, presencia efectiva en las calles y un mensaje claro de que el delito tiene consecuencias. Porque cuando los que gobiernan festejan mientras la sociedad se encierra, el mensaje que se transmite es devastador: están en otra realidad. Y esa distancia no solo indigna, también duele. La fiesta puede durar una noche, pero el miedo se queda todos los días.

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