Denunciar alcanza, probar es opcional La presunción de inocencia que desaparece cuando el acusado es varón

En la Argentina de la “perspectiva de género”, una denuncia alcanza para destruir una vida. No hace falta prueba, no hace falta investigación previa, no hace falta nada más que una frase. La palabra alcanza. El relato alcanza. Y cuando el relato aparece, el sistema entero se pone en marcha con una velocidad que jamás tuvo para proteger a una víctima real: exclusiones del hogar, prohibiciones de acercamiento, pérdida del contacto con los hijos, escraches sociales, condena mediática y una etiqueta que cuesta años si es que alguna vez se logra quitarse de encima. La presunción de inocencia, ese principio básico del derecho, queda archivada en algún cajón cuando el denunciado es hombre.

La lógica dominante se volvió brutalmente simple: si una mujer dice que pasó, pasó. Y si el acusado lo niega, entonces es porque miente. Así funciona hoy el clima cultural que se instaló bajo el paraguas de la llamada perspectiva de género. Lo que nació como una herramienta para corregir injusticias históricas terminó convirtiéndose, en demasiados casos, en un mecanismo automático de sospecha contra los hombres. Durante años se repitió un eslogan: creerle a la víctima. El problema es que ese eslogan mutó en otra cosa mucho más peligrosa: creer sin investigar. Y cuando el sistema decide creer sin investigar, deja de ser justicia para convertirse en un acto de fe. Las consecuencias son devastadoras. Padres separados de sus hijos durante meses o años por denuncias que después se caen. Abuelos que dejan de ver a sus nietos porque un expediente judicial bloquea cualquier contacto. Familias paternas enteras borradas de la vida de un chico mientras la causa duerme en un juzgado.

Hombres que pierden trabajo, reputación, vínculos sociales y estabilidad emocional por acusaciones que más tarde se revelan falsas o imposibles de probar. En ese punto ya es tarde: la mancha social queda igual. Porque en la cultura del escrache no importa el resultado judicial, importa el impacto inicial. El daño ya está hecho. Nadie habla demasiado de esto, pero en los tribunales se acumulan causas que terminan archivadas o desestimadas. Y aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta, muchos operadores judiciales lo saben: existen denuncias falsas. Existen instrumentalizaciones del sistema judicial en medio de separaciones conflictivas. Existen acusaciones que aparecen en el momento exacto en que se discute la tenencia de los hijos, el régimen de visitas o una disputa económica.

No significa que todas las denuncias lo sean. Significa que el fenómeno existe y que negarlo es tan irresponsable como negar la violencia real. Sin embargo, el clima político y cultural impide siquiera discutirlo. Quien lo menciona es acusado inmediatamente de querer desproteger a las mujeres. Esa es la trampa perfecta: transformar un problema real en un tabú. Mientras tanto, la estadística silenciosa sigue creciendo. En la práctica, el 90 por ciento de las denuncias en este tipo de causas tienen a hombres como acusados. El sistema fue diseñado con esa premisa. La mujer es la víctima potencial; el hombre, el agresor potencial. Esa matriz atraviesa protocolos, juzgados, oficinas de asistencia y decisiones administrativas. El resultado es un desequilibrio que nadie se anima a revisar.

Se buscaba igualdad, pero lo que apareció fue un nuevo esquema de sospecha automática. Antes el discurso público decía que la víctima estructural era la mujer. Hoy empieza a asomar otra realidad incómoda: hay hombres convertidos en víctimas de un sistema que ya decidió de antemano quién tiene razón y quién no. Y en medio de ese proceso quedan los chicos. Los hijos que crecen sin ver a su padre porque una denuncia preventiva congeló el vínculo. Los abuelos que desaparecen del mapa familiar sin haber hecho nada. Los tíos, los primos, toda una rama familiar que se evapora por una causa judicial que puede tardar años en resolverse. Nadie mide ese daño colateral. Nadie lo cuantifica en estadísticas oficiales ni lo convierte en bandera política. Pero existe. La justicia debería investigar con rigor cada denuncia, proteger a quien realmente sufre violencia y castigar a quien miente para manipular el sistema. Esa es la única forma de que haya equilibrio. Porque cuando un sistema deja de buscar la verdad y empieza a actuar por reflejo ideológico, ya no protege a las víctimas: crea otras nuevas. Y en la Argentina actual, cada vez más hombres lo saben por experiencia propia.