IOMA: te obliga a aportar, pero te niega hasta un análisis de orina

En la provincia de Buenos Aires hay más de dos millones de personas atrapadas en un sistema del que no pueden salir. Aportan todos los meses, sin excepción, porque la afiliación es obligatoria. No eligen. No comparan. No pueden irse. Es automático. Es impuesto. Y, sin embargo, cuando necesitan usarlo, la respuesta cada vez es la misma: trabas, demoras o directamente un no.

A la redacción llegó un caso que ya no sorprende porque se repite. Un afiliado se realiza una batería completa de estudios médicos. Análisis básicos, de rutina, necesarios. La respuesta de la obra social es brutal en su simpleza: casi todo rechazado. Ni siquiera un análisis de orina autorizado. Apenas dos prácticas aprobadas. El resto, a pagar de su bolsillo. Esto no es un error. Es un patrón.

Mientras tanto, el sistema sigue funcionando como una maquinaria de recaudación perfecta. El trabajador estatal aporta sí o sí. No puede elegir otra cobertura. No puede derivar sus aportes. No puede decir basta. Pero cuando llega el momento de la prestación, la cobertura se vuelve difusa, burocrática o directamente inexistente. El resultado es una ecuación perversa: obligación para pagar, incertidumbre para atenderse.

Al frente de esta estructura está Homero Giles, médico de nacionalidad argentina, designado políticamente, hoy en el centro de todas las miradas. Su gestión acumula cuestionamientos por todos los frentes. Afiliados que no acceden a medicamentos. Pacientes que necesitan judicializar su tratamiento para que se lo cubran. Prestadores que denuncian demoras en los pagos. Un sistema que, en lugar de garantizar el derecho a la salud, empuja a los usuarios a tribunales.

Las denuncias ya no son aisladas ni marginales. Se habla de incumplimientos de fallos judiciales, de prestaciones básicas negadas, de un deterioro progresivo que impacta en lo más sensible: la salud. Porque no estamos hablando de lujos ni de tratamientos experimentales. Estamos hablando de análisis clínicos, estudios de rutina, medicación esencial. Lo mínimo.

La defensa oficial intenta apoyarse en explicaciones técnicas: problemas administrativos, procesos de auditoría, modernización digital, tensiones con prestadores. Pero en la vida real, la del afiliado de a pie, eso se traduce en otra cosa: pagar de su bolsillo lo que ya pagó con sus aportes.

Y ahí aparece el núcleo del escándalo. Un sistema obligatorio que no responde. Un esquema cautivo donde el usuario no tiene poder de decisión. Un gigante con millones de afiliados que, en lugar de proteger, expone. Porque si el afiliado tiene que recurrir a la Justicia para que le cubran un tratamiento, entonces el sistema ya falló. Si tiene que pagar estudios básicos, entonces la cobertura es una ficción. Si no puede elegir otra obra social, entonces no es un servicio: es una imposición.

La pregunta es inevitable y cada vez más incómoda: ¿qué está haciendo Homero Giles al frente de esta estructura mientras los afiliados denuncian abandono? ¿Cómo se explica que una de las obras sociales más grandes del país, con una masa enorme de aportes cautivos, no pueda garantizar prestaciones básicas? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la gestión? ¿Dónde está la respuesta?

Porque mientras las explicaciones se acumulan en oficinas y comunicados, en la calle pasa otra cosa. Afiliados que recorren clínicas sin respuestas. Estudios rechazados. Medicación demorada. Turnos que no llegan. Y una sensación cada vez más extendida: la de estar completamente desamparados dentro de un sistema que los obliga a permanecer.

No es un problema técnico. Es un problema político. Es un modelo que funciona para recaudar, pero no para cuidar. Y en el medio, millones de personas que aportan todos los meses y reciben cada vez menos.

En la provincia de Buenos Aires, la salud de los trabajadores estatales dejó de ser una garantía. Se convirtió en una apuesta. Y muchas veces, en una pérdida.