Kicillof y la inseguridad sin freno: cuando los derechos son para los delincuentes

“Estaban muy nerviosos, pero muy agresivos.” La frase no es una opinión. Es el comienzo de una pesadilla. Una abuela de Parque Chacabuco relató el infierno que vivió cuando delincuentes entraron a su casa, la redujeron y la amenazaron con un cuchillo mientras exigían dólares.

“Se abalanzó sobre mí: ‘¡Hija de puta, cállate que te mato! ¡Te corto los dedos!’”, contó. Los gritos, las amenazas, el filo a centímetros del cuerpo. Buscaban dólares, dinero, oro. Revolvieron todo. Se llevaron lo que encontraron: dinero, objetos de valor, la televisión del living, frazadas, acolchados, hasta la carne del freezer. “Sacaron las sábanas y abajo… se llevaron todo”, describió.

A ella la ataron. A su marido también. La violencia no fue solo material. Fue física y psicológica. Fue la humillación de ser tratados como botín dentro de su propia casa. “Tengo tanta bronca que no puedo más. Tengo que decir algo porque si no me voy a morir. Lo tengo acá y no puedo más, me va a agarrar un infarto”, dijo, señalándose el pecho.

No habló de política. Habló de miedo, de impotencia y de una rabia que la desborda. Pero el contexto es político, aunque la víctima no lo mencione. La seguridad en la provincia de Buenos Aires es responsabilidad directa del gobernador Axel Kicillof. Y los hechos se acumulan.

Mientras desde el poder se insiste en discursos garantistas y en una visión donde los derechos humanos parecen tener un solo destinatario el delincuente, los ciudadanos comunes sienten que quedaron librados a su suerte. La discusión sobre el llamado “abolicionismo” o el enfoque que prioriza beneficios y garantías para quienes delinquen no es académica cuando una jubilada termina atada, amenazada de muerte y despojada hasta de la comida.

¿Dónde está el límite? ¿Cuándo la balanza vuelve a inclinarse hacia el que trabaja, el que paga impuestos, el que no le hace daño a nadie? Porque hoy la escena es brutal: vecinos enrejados, jubilados aterrados y delincuentes que actúan con una violencia cada vez más desatada.

La bronca de esta mujer no es un exabrupto. Es el síntoma de una sociedad agotada. Cuando alguien dice “tengo que hablar porque si no me voy a morir”, no está exagerando: está describiendo el nivel de presión y abandono que siente.

La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿hasta cuándo el ciudadano común va a ser el último eslabón en la cadena de prioridades? ¿Hasta cuándo se va a naturalizar que los violentos arrasen y que las víctimas tengan que agradecer seguir con vida?

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