El árbol genealógico del poder: Luis Juez y los nombres propios del reparto

Cuando la política se llena la boca hablando de terminar con la casta, lo mínimo que se espera es coherencia. Pero en el entorno del senador nacional Luis Juez los apellidos se acumulan y los vínculos sanguíneos empiezan a pesar más que cualquier proclama moral.

Entre los casos más visibles aparece Martín Juez, su hijo, quien ocupó un cargo en el Consejo de la Magistratura antes de asumir como concejal en la ciudad de Córdoba. También figura María Agustina Juez, su hija, incorporada en la estructura del mismo organismo. A ellos se suma otro de sus hijos dentro del entramado estatal, consolidando una presencia familiar directa en espacios sensibles.

Pero la lista no termina ahí. Daniel Marcet, hermano mellizo del senador, también aparece mencionado dentro de la nómina de familiares con funciones públicas. El círculo se amplía con nombres como Claudio Schull, “Chequi” identificado como parte del riñón político, Pedro Alcaraz y Graciela Seyfer, señalados como allegados con inserción en dependencias estatales.

El argumento formal sostiene que cada designación cumple con la normativa vigente. El problema, sin embargo, no es solamente jurídico. Es político. Porque cuando en distintas oficinas del Estado se repiten apellidos y vínculos personales estrechos, la sospecha de favoritismo se instala sola.

En una Argentina asfixiada por la crisis, donde el empleo público es una salida laboral para miles, el acceso a cargos por cercanía familiar enciende la mecha del malestar. Más aún cuando quien queda bajo la lupa construyó parte de su identidad política denunciando privilegios y cuestionando la lógica de la casta.

No se trata de prohibir que un familiar trabaje en el Estado. Se trata de evitar que el poder se administre como herencia o como extensión doméstica. Cuando el árbol genealógico se superpone con el organigrama estatal, la línea entre mérito y parentesco se vuelve peligrosamente difusa.