Falsas denuncias y alienación parental: tres profesionales analizaron las fallas de la Justicia y el drama de las familias separadas

La Justicia investiga, evalúa pruebas y toma decisiones que pueden cambiar la vida de una persona para siempre. Pero ¿qué sucede cuando una investigación presenta fallas? ¿Qué ocurre cuando los prejuicios condicionan una decisión o cuando un conflicto familiar se prolonga durante años, con niños y familias enteras esperando respuestas?

Estas preguntas atravesaron la charla sobre falsas denuncias, interferencia parental y alienación parental realizada en La Plata. La periodista de investigación Mimi Dominici organizó el encuentro tras ser convocada por EFDAP, entidad vinculada a la convocatoria a través de Micaela Fragasso, Claudio Fredes y Silvia Sarki.

El panel reunió tres miradas profesionales complementarias: la pericial, a cargo del licenciado y perito forense Pablo Soares de Lima; la jurídica, desarrollada por el abogado Víctor Rúmolo; y la periodística, desde la experiencia de investigación de Mimi Dominici, quien además compartió el recorrido que la llevó a impulsar un proyecto de ley sobre alienación parental en Argentina.

Las exposiciones abordaron distintos aspectos de una problemática compleja: desde las dificultades para investigar determinadas denuncias y la influencia de los sesgos ideológicos hasta los efectos psicológicos y familiares de las rupturas prolongadas de vínculos. Un debate que exige rigor, garantías y, fundamentalmente, que los niños no queden atrapados en los conflictos de los adultos.

PABLO SOARES DE LIMA: LA POLARIZACIÓN SOCIAL, LAS FALLAS DE INVESTIGACIÓN Y LA PSICOLOGIZACIÓN DE LA JUSTICIA

El licenciado y perito forense Pablo Soarez de Lima puso el foco en una de las divisiones más marcadas del debate público: la que existe entre quienes reconocen la existencia de falsas denuncias y quienes niegan o cuestionan esa posibilidad, especialmente en el ámbito de los conflictos familiares y las acusaciones de violencia o abuso.

Durante su exposición, señaló la importancia de salir de las posiciones tomadas de antemano y abordar cada caso mediante una investigación seria, con hipótesis de trabajo, evaluación de pruebas y preparación profesional. Investigar no consiste en confirmar una primera impresión, sino en considerar distintas explicaciones posibles, reunir elementos que permitan contrastarlas y descartar aquellas que no encuentran sustento.

En ese marco, hizo hincapié en el papel de los fiscales y en las deficiencias que, desde su perspectiva, pueden presentarse al momento de investigar. La preparación de quienes llevan adelante una causa, la capacidad para formular hipótesis, la búsqueda de evidencia y el análisis crítico de los testimonios son fundamentales para evitar que una investigación quede limitada por prejuicios o conclusiones anticipadas.

Otro de los ejes centrales fue la psicologización de la Justicia, particularmente en el fuero de familia. Su planteo apuntó a los riesgos de que determinadas interpretaciones psicológicas condicionen decisiones judiciales sin una articulación suficiente con las pruebas y los criterios jurídicos. Las evaluaciones profesionales pueden aportar información valiosa, pero no deberían sustituir la investigación de los hechos ni convertir una interpretación en una verdad indiscutible.

Soares de Lima también cuestionó la manera en que se debate públicamente la cantidad de falsas denuncias. En ocasiones, la discusión se concentra en encuestas o estadísticas que señalan que representarían una proporción reducida del total de denuncias. Sin embargo, planteó la importancia de no utilizar una cifra general para minimizar la situación de una persona que ha sido falsamente denunciada.

El argumento es concreto: que un fenómeno tenga una incidencia estadística baja no significa que deba dejar de investigarse ni que sus consecuencias individuales sean menores. Para quien atraviesa una acusación falsa, las repercusiones pueden afectar su vida familiar, su reputación, su trabajo y su salud emocional. La gravedad del daño no desaparece porque el caso represente una proporción pequeña del universo analizado.

La obligación institucional es investigar cada situación con seriedad, independientemente de cuántos casos se registren. Del mismo modo, una denuncia de violencia o abuso debe ser atendida con rigor y sin prejuicios. El número de casos no puede reemplazar el análisis particular de los hechos.

Su exposición dejó así un planteo central: una Justicia preparada debe poder investigar sin descartar hipótesis de antemano, sin dar por acreditada una acusación antes de reunir pruebas y sin minimizar las consecuencias que puede tener una investigación deficiente.

VÍCTOR RÚMOLO: LOS CRITERIOS JURÍDICOS PARA ANALIZAR UNA DENUNCIA FALSA Y LOS SESGOS IDEOLÓGICOS

Desde el ámbito jurídico, el abogado Víctor Rúmolo desarrolló los elementos que deben examinarse para determinar si una denuncia es falsa y cuestionó las consecuencias que pueden derivarse de investigaciones deficientes o decisiones judiciales condicionadas por prejuicios.

Su exposición puso el acento en la necesidad de distinguir una denuncia que no pudo acreditarse de aquella cuya falsedad se demuestra. El archivo de una causa, un sobreseimiento o una absolución no prueban por sí solos que haya existido una denuncia deliberadamente falsa: esa conclusión requiere elementos concretos y el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Rúmolo también compartió experiencias de casos en los que, según relató, se habrían cometido errores judiciales y describió las dificultades que pueden surgir cuando se intenta introducir determinadas perspectivas en el ámbito de la Justicia de familia.

Entre esos episodios, contó que, al intentar mencionar el concepto de alienación parental en un ámbito judicial, recibió una advertencia en el sentido de que sería invitado a retirarse si volvía a utilizar esa expresión. Según explicó, aquella situación reforzó su percepción de que existen sesgos ideológicos muy marcados que pueden condicionar la discusión y limitar el examen de determinadas hipótesis.

El episodio expuesto durante la charla abrió una pregunta relevante: ¿puede un concepto ser descartado de antemano sin examinar los comportamientos concretos que se pretenden describir? La discusión exige distinguir entre la utilización de una etiqueta como diagnóstico y el análisis de posibles conductas de manipulación o interferencia en los vínculos familiares.

El abogado cuestionó, además, lo que considera una Justicia atravesada por posiciones ideológicas capaces de influir en la interpretación de los hechos. Desde su perspectiva, cuando una convicción previa impide evaluar todas las pruebas o considerar hipótesis alternativas, existe el riesgo de cometer errores con consecuencias graves para las personas involucradas.

En los procesos de familia, esas decisiones pueden modificar de manera drástica la vida cotidiana de niños y adultos: restricciones de contacto, interrupciones prolongadas de vínculos y conflictos que se extienden mientras se aguarda una resolución.

El planteo jurídico no supone desestimar las denuncias de violencia ni desconocer la necesidad de proteger a las víctimas. Exige, precisamente, que las denuncias se investiguen con seriedad, que se respeten las garantías de todas las partes y que las decisiones se fundamenten en elementos concretos, no en prejuicios.

MIMI DOMINICI: LAS ENTREVISTAS QUE DESPERTARON UNA INVESTIGACIÓN Y EL PROYECTO DE LEY SOBRE ALIENACIÓN PARENTAL

La exposición de Mimi Dominici, periodista de investigación y comunicadora pública y política, estuvo centrada en el trabajo de campo que la llevó a profundizar en las falsas denuncias, la interferencia parental y la alienación parental.

Su investigación comenzó con entrevistas a personas atravesadas por conflictos familiares y judiciales. A medida que escuchaba diferentes historias, advirtió un patrón que despertó sus interrogantes: niños que, según los relatos recogidos, habían mantenido vínculos afectuosos con sus progenitores y que posteriormente expresaban rechazo hacia uno de ellos o manifestaban que no querían volver a verlo durante entrevistas en Cámara Gesell.

La reiteración de esos testimonios la llevó a investigar más allá de los primeros relatos, consultar antecedentes internacionales y analizar qué factores podían explicar cambios tan profundos en los vínculos.

¿Qué había sucedido entre una etapa y otra? ¿Existían presiones o manipulaciones? ¿Qué otros elementos debían evaluarse para comprender el rechazo de un niño hacia su madre o su padre?

Esas preguntas fueron el punto de partida de un trabajo de investigación que, con el tiempo, se transformó también en una iniciativa legislativa.

Dominici impulsó un proyecto de ley sobre alienación parental en Argentina, presentado ante la diputada nacional Miriam Niveyro y actualmente en estado parlamentario, según lo expuesto durante la charla.

La iniciativa busca promover herramientas legales para abordar posibles conductas de manipulación psicológica e interferencia en los vínculos entre niños y sus progenitores. Su discusión requiere definiciones precisas, criterios de evaluación rigurosos y garantías para impedir que el concepto se aplique automáticamente a cualquier conflicto familiar o rechazo infantil.

Durante su exposición, la periodista también distinguió la alienación parental del denominado síndrome de alienación parental (SAP), un concepto cuestionado por su falta de validación científica y que no cuenta con reconocimiento como diagnóstico en los principales sistemas internacionales de clasificación clínica.

El eje de su planteo fue que las posibles conductas de manipulación deben analizarse a partir de hechos concretos, sin perder de vista que cada niño tiene una historia particular y que también existen situaciones en las que el rechazo hacia un progenitor puede responder a experiencias reales de violencia o maltrato.

Para Dominici, la discusión no debe convertirse en una confrontación entre hombres y mujeres. El objetivo es poner a las infancias en el centro, investigar con seriedad y garantizar que sus derechos sean considerados en cada decisión.

EL DERECHO SUPERIOR DEL NIÑO: ¿SE LOS ESCUCHA REALMENTE?

Uno de los pasajes más sensibles de la charla estuvo relacionado con el derecho superior del niño y la distancia que puede existir entre ese principio y su aplicación concreta.

Dominici cuestionó que, en determinados procesos, la voz de los niños pueda quedar relegada frente a los conflictos entre adultos, los tiempos judiciales y las decisiones institucionales.

En ese contexto recordó los casos de Lucio Dupuy y Ángel, cuyas muertes conmocionaron al país y reabrieron el debate sobre las señales de alerta y la respuesta de los organismos responsables de proteger a la infancia.

El caso de Lucio, asesinado después de sufrir graves agresiones, representa una herida que todavía interpela a la sociedad. Para Dominici, su historia obliga a reflexionar sobre qué sucede cuando las señales de alarma no reciben una respuesta adecuada y las instituciones no consiguen actuar a tiempo.

Escuchar a un niño no puede ser una mera formalidad. Requiere profesionales preparados, evaluaciones integrales y mecanismos que permitan actuar ante situaciones de riesgo. Su voz debe ser considerada sin presiones, pero también sin trasladarle la responsabilidad de decidir entre sus progenitores.

El interés superior del niño debe traducirse en acciones concretas y oportunas, no quedar reducido a una expresión repetida en expedientes y resoluciones.

LAS VÍCTIMAS COLATERALES: ABUELAS, ABUELOS, TÍOS Y PRIMOS QUE TAMBIÉN SUFREN

La interrupción de un vínculo familiar puede extender sus consecuencias mucho más allá de una madre, un padre y sus hijos.

Dominici puso el foco en quienes suelen quedar invisibilizados: abuelas y abuelos que dejan de ver a sus nietos, tíos que pierden el contacto con sus sobrinos, primos que dejan de compartir momentos cotidianos y familias enteras que ven desaparecer relaciones afectivas importantes.

Son las víctimas colaterales de conflictos que, en algunos casos, se prolongan durante años. Personas que no necesariamente forman parte de las actuaciones judiciales, pero que viven la angustia de no saber cómo crecen los chicos a quienes quieren.

Cada situación requiere una evaluación particular y la protección del niño debe prevalecer cuando existen riesgos reales. Pero esa necesidad de cuidado no debería convertir en irrelevantes los vínculos familiares significativos ni impedir que se revisen las circunstancias cuando corresponda.

La pregunta es cómo lograr que la Justicia contemple el impacto de sus decisiones sobre toda la red afectiva de un niño, sin perder de vista su seguridad y sus derechos.

HUMANIZAR LA JUSTICIA: DETRÁS DE CADA EXPEDIENTE HAY PERSONAS

Otro de los ejes de la exposición de Dominici fue la necesidad de humanizar la Justicia y revisar las demoras que pueden prolongar situaciones de separación familiar durante meses o años.

Su planteo fue contundente: las pilas de expedientes no son solamente papeles. Detrás de cada uno hay personas que esperan respuestas, niños que crecen y familias que atraviesan ausencias que no pueden recuperarse con una resolución tardía.

Un año puede representar una parte enorme de la vida de un niño. Dos o tres años sin contacto pueden transformar profundamente una relación. Por eso, los tiempos judiciales tienen consecuencias que van mucho más allá de lo administrativo.

La solución, sin embargo, no consiste en resolver apresuradamente. La celeridad debe acompañarse de investigaciones rigurosas, garantías procesales y revisiones oportunas de las medidas adoptadas. Una demora injustificada puede profundizar el daño, pero una decisión precipitada también puede exponer a un niño a riesgos.

Humanizar la Justicia significa comprender que cada resolución tiene efectos reales y que el tiempo institucional no siempre coincide con el tiempo de la infancia.

TRES MIRADAS COMPLEMENTARIAS SOBRE UN DEBATE QUE NECESITA RESPUESTAS

La charla realizada en La Plata permitió reunir tres perspectivas diferentes sobre una problemática que exige atención y rigor.

Pablo Soáres de Lima abordó las falencias investigativas, el rol de los fiscales, la división social frente a las falsas denuncias y la psicologización de la Justicia. Víctor Rúmolo desarrolló los criterios jurídicos para analizar una denuncia falsa y cuestionó los sesgos ideológicos que, desde su experiencia, pueden afectar las decisiones judiciales. Mimi Dominici compartió su investigación periodística, el trabajo de campo que dio origen a su iniciativa legislativa y las consecuencias humanas de la interrupción de vínculos familiares.

La actividad se realizó en La Plata, organizada por Dominici tras la convocatoria de EFDAP, a través de Micaela Fragasso, Claudio Fredder y Silvia Sarki.

El desafío es encontrar respuestas que permitan investigar con seriedad, proteger a quienes sufren violencia, evitar condenas anticipadas y garantizar que los niños sean escuchados y protegidos.

Porque reconocer las falsas denuncias no significa desestimar las verdaderas. Defender a las víctimas no implica renunciar a las garantías. Y proteger los vínculos familiares nunca debe significar ignorar una situación de riesgo.

La Justicia necesita tiempo para investigar, pero también tiene la responsabilidad de evitar que las demoras se conviertan en años de incertidumbre para quienes esperan una respuesta.

En definitiva, detrás de cada expediente hay una historia humana. Y cuando la infancia está en juego, ninguna decisión debería olvidar esa realidad.

DIARIO IDENTIDAD | Periodismo que incomoda. Las infancias en el centro del debate.