Daniel Adler: “Las cárceles argentinas son un call center del delito”

“Las cárceles argentinas son un call center del delito”. La frase de Daniel Adler no pasó inadvertida durante la entrevista con Mimi Dominici. No es una metáfora menor: el especialista sostiene que el acceso a teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios permite que determinadas organizaciones criminales continúen operando desde prisión, coordinando extorsiones, fraudes y otras actividades ilícitas. Su planteo abre una discusión incómoda sobre los controles penitenciarios, la responsabilidad del Estado y la capacidad de las instituciones para impedir que el encierro se convierta en una plataforma para seguir delinquiendo.

Adler cuenta con experiencia internacional en materia de seguridad y formación en Israel. También trabajó en Ecuador, donde participó en iniciativas de seguridad pública y prevención del delito. Su enfoque parte de una premisa que atraviesa toda la conversación: la seguridad no puede reducirse a enviar más policías a las calles ni a endurecer las penas. Para él, el Estado debe actuar con firmeza contra quienes delinquen, pero también intervenir antes de que los sectores más vulnerables queden atrapados en las redes criminales.

“Un Estado tiene que tener dos manos”, explicó. Una debe garantizar seguridad, libertad, cumplimiento de la ley y persecución del delito. La otra debe generar oportunidades, ofrecer herramientas de formación y facilitar alternativas económicas para quienes todavía no ingresaron al mundo criminal. “Si el Estado no está presente en el territorio, el narcoestado va a ocupar ese lugar inmediatamente”, afirmó.

En ese punto introdujo el concepto de la llamada generación triple N: jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni buscan empleo. Durante la entrevista mencionó una cifra de 4,1 millones de personas de entre 16 y 28 años, a las que describió como especialmente vulnerables frente al avance de la narcocultura., pero el problema que plantea es concreto: qué sucede con los jóvenes que no encuentran un lugar en el sistema educativo ni oportunidades para construir un proyecto de vida.

La respuesta de Adler apunta a la inclusión comercial, el emprendedurismo y la formación de capacidades. Propone enseñar a detectar talentos, desarrollar una marca personal, establecer objetivos, administrar el tiempo, planificar y construir hábitos productivos. Considera que estas herramientas deberían formar parte de una política educativa sostenida en todo el país, independientemente del lugar de nacimiento o de la condición económica de cada estudiante.

“Crear oportunidades es una gran estrategia para luchar contra el narcoterrorismo”, sostuvo. Sin embargo, estableció una distinción tajante: no habla de reemplazar las consecuencias penales para quienes ya cometieron delitos, sino de impedir que más personas ingresen en esas estructuras. Para quienes delinquen, reclamó que la ley se aplique efectivamente.

CELULARES EN LAS CÁRCELES: EL DELITO QUE NO SE DETIENE TRAS LAS REJAS

Uno de los tramos más contundentes de la entrevista estuvo dedicado al uso de teléfonos celulares en las cárceles. Adler aseguró que una parte importante de la planificación criminal se realiza desde el interior de los establecimientos penitenciarios y cuestionó que los internos puedan disponer de dispositivos capaces de facilitar operaciones delictivas fuera de los muros.

“Hoy las cárceles de Argentina son un call center tumbero”, afirmó. Según su planteo, un teléfono no sirve únicamente para realizar una llamada: también puede utilizarse para organizar estafas, coordinar bandas, gestionar cuentas digitales o mantener contactos con integrantes de organizaciones que operan en el exterior.

Adler defendió la necesidad de restringir las comunicaciones que permitan continuar delinquiendo desde prisión y cuestionó la idea de que garantizar el contacto telefónico irrestricto sea la única forma de proteger los derechos de las personas detenidas. El desafío, en cualquier reforma, es distinguir las comunicaciones legítimas con familiares y defensores de aquellas utilizadas para cometer delitos, mediante controles eficaces y mecanismos compatibles con las garantías legales.

Su advertencia plantea una pregunta que las autoridades penitenciarias no pueden esquivar: ¿qué controles existen para impedir que una persona privada de su libertad siga dirigiendo actividades criminales desde una celda?

LA JUSTICIA, ENTRE LAS DEMORAS Y LA FALTA DE CONFIANZA

El especialista también cuestionó el funcionamiento de la Justicia y la distancia entre la velocidad con la que actúan las organizaciones criminales y los tiempos de las investigaciones judiciales.

“La Justicia tiene una gran deuda con la ciudadanía”, afirmó, y propuso implementar el juicio por jurados de manera más amplia. Además, defendió el uso de herramientas como el polígrafo, las evaluaciones grafológicas y el análisis del lenguaje no verbal para contribuir a las investigaciones.

Adler aseguró que durante su trayectoria utilizó estas técnicas en interrogatorios y procesos de selección, y les atribuyó elevados niveles de precisión. Sin embargo, sus afirmaciones sobre la exactitud del polígrafo y la posibilidad de resolver investigaciones en cuestión de minutos no deben confundirse con resultados científicos universalmente aceptados, el especialista aclaro que estas herramientas no sustituyen las pruebas judiciales, la investigación criminal ni el debido proceso.

Durante la charla relató que se ofreció a colaborar en la investigación por la desaparición de Loan, con la propuesta de aplicar sus métodos de interrogatorio, pero aseguró que no le permitieron intervenir.

Para Adler, el problema social de fondo es la pérdida de confianza. Muchos ciudadanos, señaló, dejan de denunciar porque sienten que la policía no responde, que la Justicia demora o que sus reclamos no producen consecuencias. Cuando la denuncia se convierte en un trámite sin resultados visibles, el daño excede a la víctima: también se debilita la legitimidad de las instituciones.

NARCOTRÁFICO Y PODER: ¿QUIÉN CONTROLA EL TERRITORIO?

Adler fue especialmente crítico al referirse a la expansión del narcomenudeo y a las posibles complicidades que, según su interpretación, permiten que determinadas organizaciones operen durante períodos prolongados sin ser desarticuladas.

“Es imposible que no haya algún tipo de complicidad política, judicial, policial o municipal”, sostuvo al explicar por qué considera que ciertas actividades delictivas pueden desarrollarse de manera visible en los barrios.

Se trata de una acusación grave que exige investigaciones, pruebas y responsabilidades individualizadas. No alcanza con la existencia de puntos de venta conocidos o con la persistencia del delito para demostrar, por sí sola, la participación de funcionarios. Precisamente por eso, su planteo obliga a poner el foco en los mecanismos de control, la trazabilidad de las denuncias, la investigación patrimonial y la rendición de cuentas de quienes tienen responsabilidades públicas.

Como parte de su propuesta, Adler mencionó un Laboratorio de Análisis Criminal, al que identificó como LAC, y explicó que su metodología busca formar grupos de colaboradores ciudadanos capaces de aportar información útil para detectar estructuras delictivas. A su entender, el objetivo no debe limitarse a recibir denuncias anónimas, sino construir canales de participación que permitan organizar y analizar datos del territorio.

La idea vuelve a colocar a los municipios en el centro del debate. Para el especialista, el combate al narcotráfico no puede quedar exclusivamente en manos del Gobierno nacional: requiere coordinación entre autoridades nacionales, provinciales y locales, fuerzas de seguridad, Justicia y ciudadanía.

LA SEGURIDAD TAMBIÉN EMPIEZA POR QUIENES NOS CUIDAN

La entrevista también expuso una problemática que suele quedar relegada detrás de los anuncios de operativos y despliegues policiales: las condiciones laborales de quienes deben garantizar la seguridad.

Adler cuestionó los salarios, las jornadas extensas y las dificultades económicas que, según describió, atraviesa parte del personal policial. Sostuvo que las condiciones de trabajo pueden empujar a algunos efectivos a buscar ingresos adicionales, con consecuencias sobre el descanso y el desempeño profesional.

También mencionó cifras sobre licencias médicas y psiquiátricas dentro de la Policía bonaerense, aunque esos porcentajes requieren corroboración mediante registros oficiales y una definición precisa de la población relevada.

Su argumento es que no se puede exigir una respuesta eficaz de las fuerzas de seguridad sin discutir simultáneamente su formación, equipamiento, salud laboral, remuneración y mecanismos de supervisión. La corrupción y los abusos deben investigarse y sancionarse, pero las condiciones estructurales de trabajo también forman parte de cualquier política seria de seguridad.

¿SE PUEDE TERMINAR CON EL NARCOTRÁFICO?

Ante la pregunta directa de si es posible terminar con el narcotráfico, Adler respondió afirmativamente. Considera que la clave es la decisión política, la coordinación entre las distintas jurisdicciones y la continuidad de las políticas públicas.

Su propuesta combina investigación criminal, control territorial, prevención, inteligencia y oportunidades económicas. No plantea que la inclusión sustituya a la persecución penal, sino que ambas deben funcionar en paralelo para impedir que las organizaciones criminales recluten nuevos integrantes.

En ese marco, reivindicó el potencial humano de la Argentina. “El activo más valioso que tenemos es la gente”, expresó. Cuestionó que un país con recursos naturales, capacidad productiva y talento profesional conviva con situaciones de exclusión, deterioro de los servicios y dificultades para que amplios sectores puedan progresar.

También defendió la necesidad de establecer políticas de Estado que no cambien radicalmente con cada gobierno. Educación, seguridad, infraestructura, formación laboral y desarrollo económico deberían sostenerse en el tiempo para que los resultados no dependan exclusivamente de quién ocupa el poder.

Su mirada no está exenta de controversias: Pero el núcleo de su planteo abre una discusión que excede las diferencias partidarias: cómo construir instituciones capaces de prevenir el delito, investigar con eficacia, sancionar a los responsables y, al mismo tiempo, evitar que nuevas generaciones queden a merced de las organizaciones criminales.

Antes de despedirse, Adler dejó un mensaje dirigido a los ciudadanos. Les pidió que no se acostumbren a vivir en la incertidumbre ni renuncien a sus proyectos por las frustraciones acumuladas. Y recordó que el poder político es transitorio y que debe evaluarse por sus resultados.

“El mandante es el ciudadano, no el tipo o la tipa que está cuatro años ahí”, afirmó.

La frase final conecta con el eje de toda la entrevista: un Estado que no logra proteger a sus ciudadanos pierde credibilidad; uno que se limita a castigar sin prevenir deja intactas muchas de las condiciones que alimentan el delito. Entre la mano firme y las oportunidades, Adler propone revisar cómo se construye la seguridad y quién responde cuando las instituciones no cumplen su función.