El gremio de los taxistas logró visibilizar una crisis que pone en riesgo a más de 400 familias y al parque automotor.

La tensión en las calles de La Plata escaló este miércoles cuando taxistas locales llevaron adelante un contundente corte de tránsito en la intersección de las calles 7 y 51. La medida de fuerza, impulsada para visibilizar una crisis estructural que golpea al transporte público de pasajeros, culminó en una posterior reunión con equipos de la Municipalidad de La Plata en momentos en que la intendencia se encuentra bajo la conducción interina de Pablo Elías debido al viaje del jefe comunal Julio Alak.

Al frente del reclamo estuvo el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de la ciudad y secretario adjunto de la Federación Nacional que conduce José Ibarra, Juan Carlos Berón, quien expuso con crudeza la dramática situación que atraviesa el sector.

"Tendría que haber 2.131 taxis en la calle; esas son la cantidad de licencias exactas que corresponden. Sin embargo, hoy no hay más de 1.200 o 1.300 vehículos circulando. Con el correr del tiempo las unidades se han caído por la imposibilidad de renovarlas", sentenció Berón durante la protesta.

El dirigente sindical explicó que la normativa actual fija una antigüedad máxima de 10 años para los vehículos y, si bien se otorgan prórrogas limitadas, la exigencia económica actual torna inviable la continuidad laboral: "Estamos pidiendo que se extienda a 18 años. Si esto no se soluciona y no nos dan esos años a fin de año, más o menos unas 400 familias se quedarían sin poder trabajar, sin poder comer y sin poder tener una vida digna".

Otro de los ejes centrales planteados ante el municipio apunta a la restitución y el destino de las habilitaciones caídas. Berón remarcó la necesidad de reivindicar a quienes sostuvieron el servicio desde el rol de empleados: "Pedimos que las habilitaciones que están caídas salgan para los choferes de taxi más antiguos, para muchos trabajadores que nunca tuvieron la posibilidad de ser dueños, que siempre fueron empleados. Queremos conseguir que ellos tengan su propio taxi".

No obstante, desde el sindicato advirtieron que una habilitación sin respaldo económico es inaplicable. Frente al elevado costo de los vehículos usados los cuales rondan entre los 10, 12 y 15 millones de pesos, el gremio reclama una intervención activa del Estado a través de herramientas financieras accesibles.

"Le pedimos al municipio que, por intermedio del Banco Provincia, se otorguen créditos blandos para que la habilitación venga con el auto armado. Nosotros no pedimos que regalen nada; queremos que el trabajador tenga la posibilidad de pagarlo todos los meses", enfatizó Berón.

En un tramo crítico de su discurso, el referente gremial apuntó responsabilidades políticas directas hacia la administración local y provincial: "La culpa es del municipio. Le venimos pidiendo créditos y no ayuda a los trabajadores. Tienen que sostener el transporte público municipal y evitar que desaparezca, en combinación con la Provincia y el Banco Provincia".

Para cerrar, Berón cuestionó la falta de respuestas estructurales de los gobiernos peronistas ante la crisis productiva y laboral:  Hay que ayudar a la gente trabajadora, a los que más necesitan. Eso tendría que hacer nuestro querido gobierno municipal y provincial".