ALERTA POR LA MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL CLIMA
¿QUIÉN DECIDE SOBRE NUESTRAS LLUVIAS? EL GOBIERNO REGULÓ LA SIEMBRA DE NUBES Y ABRIÓ UN DEBATE QUE EXIGE RESPUESTAS
Una resolución de la ANAC incorporó formalmente la modificación artificial del tiempo atmosférico a las actividades aeronáuticas reguladas en Argentina. La normativa contempla la siembra de nubes para incrementar precipitaciones, dispersar niebla y prevenir el granizo. Seis sociedades comerciales también incorporaron esta actividad a sus objetos sociales, según un relevamiento periodístico. ¿Quién controla estas intervenciones y qué garantías ambientales existen? La Resolución 313/2026 de la ANAC, publicada en el Boletín Oficial, incorporó la modificación artificial del tiempo atmosférico a la Parte 137 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. La medida abre interrogantes sobre la fiscalización y el impacto ambiental de estas actividades.
9 de Noviembre de 2026
La posibilidad de intervenir artificialmente sobre las condiciones meteorológicas dejó de ser una cuestión exclusivamente científica o experimental dentro del marco normativo argentino. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno incorporó expresamente la modificación artificial del tiempo atmosférico entre las actividades reguladas por la aviación civil. Y aunque la norma establece requisitos operativos y de certificación, hay preguntas que todavía necesitan respuestas públicas: ¿quiénes pueden realizar estas operaciones, dónde se llevan adelante y qué controles ambientales existen?
El antecedente es el Decreto 599/2024, firmado por el presidente Javier Milei el 8 de julio de 2024 y publicado dos días después. Esta normativa aprobó el Reglamento de acceso a los mercados aerocomerciales y forma parte del marco regulatorio invocado posteriormente por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Pero el documento central de esta investigación es la Resolución 313/2026, identificada como RESOL-2026-313-APN-ANAC#MEC, firmada el 21 de mayo y publicada el 22 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial, edición número 35.915.
El expediente administrativo que figura en el encabezado es el EX-2026-50418175-APN-DGLTYA#ANAC. No se trata de una versión informal ni de una interpretación periodística: la resolución y su anexo pueden consultarse en la documentación oficial del Estado nacional.
¿Qué aprobó concretamente? Una nueva edición de la Parte 137 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, que establece requisitos de operación y certificación para el trabajo agrícola, el combate contra incendios y la modificación artificial del tiempo atmosférico.
El punto que genera mayor atención aparece en el apartado 137.005, donde la normativa define expresamente las operaciones de modificación artificial del tiempo atmosférico. Allí incluye el uso de aeronaves para alterar artificialmente las condiciones meteorológicas, realizar control meteorológico, sembrar nubes para incrementar las precipitaciones pluviales o níveas, dispersar niebla y prevenir el granizo.
Es decir, la actividad está reconocida y contemplada dentro de las regulaciones aeronáuticas argentinas.
El apartado 137.010 establece que las personas físicas o jurídicas que desarrollen comercialmente estas actividades deben obtener previamente un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA), otorgado por la autoridad aeronáutica. También contempla una excepción para determinadas operaciones realizadas en beneficio propio, sin remuneración ni prestación de servicios a terceros.
La normativa fija requisitos para las aeronaves, la documentación, los seguros, las condiciones del personal y las inspecciones de la autoridad aeronáutica. Sin embargo, el anexo de la Parte 137 no desarrolla un régimen específico de evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas ni publicación de las coordenadas de cada intervención meteorológica.
Y allí aparece uno de los interrogantes más importantes: la regulación de la actividad aérea no responde por sí sola todas las preguntas ambientales. ¿Qué sustancias se utilizan? ¿Quién determina dónde pueden dispersarse? ¿Cómo se evalúan los posibles efectos acumulativos sobre el suelo, el agua y las comunidades? ¿Qué información tiene disponible la población sobre las operaciones que se realizan en su territorio?
A estas preguntas se suma otro dato que requiere atención. Un relevamiento periodístico difundido por Urgente24 puso el foco sobre seis sociedades comerciales que incorporaron actividades vinculadas con la modificación artificial del tiempo atmosférico a sus objetos sociales. Entre los nombres identificados en investigaciones periodísticas aparecen South American Weather Consultants, Lindera, Pacific Ocean, PS Logística y Servicios, Regional Air Aviation Services y Sundown Jet.
La inclusión de estas actividades en los estatutos societarios demuestra que las empresas contemplan ese rubro dentro de sus posibilidades comerciales, pero no acredita por sí misma que las seis estén operando, ni que cuenten todas con habilitaciones específicas de ANAC.
La discusión tampoco puede reducirse a la idea de que alguien puede decidir a voluntad cuándo llueve o cuándo deja de llover. La siembra de nubes es una técnica conocida internacionalmente, cuya eficacia depende de determinadas condiciones atmosféricas y que no permite controlar el clima de manera absoluta.
Pero que una tecnología tenga limitaciones científicas no significa que el Estado pueda desentenderse de sus controles.
La posibilidad de intervenir artificialmente sobre procesos atmosféricos plantea una discusión que involucra intereses económicos, producción agropecuaria, recursos naturales y derechos de las comunidades. Si una operación se realiza para beneficiar una explotación privada, también es legítimo preguntar quién evalúa sus posibles consecuencias sobre territorios que exceden los límites de esa propiedad.
La cuestión de fondo es mucho más amplia que una resolución administrativa: ¿quién controla las intervenciones sobre la atmósfera y qué información tiene derecho a conocer la ciudadanía?
La normativa existe. Los procedimientos aeronáuticos están establecidos. Las empresas pueden incorporar estas actividades a sus objetos sociales. Ahora falta una discusión pública profunda sobre los controles ambientales, la transparencia y la fiscalización efectiva.
Porque el cielo no reconoce fronteras empresariales ni límites de propiedad. Y cuando se trata de intervenciones que pueden tener consecuencias sobre los recursos naturales, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones.
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