La UNLP, entre salarios deteriorados, reclamos presupuestarios y cuatro nuevos días de paro

La Universidad Nacional de La Plata vuelve a quedar en el centro de un conflicto que no encuentra una salida. El deterioro de los salarios, la discusión por el financiamiento de las universidades públicas y el incumplimiento de las demandas de la comunidad académica sostienen un escenario de protestas que amenaza con extenderse durante las próximas semanas.

El nuevo cronograma contempla cuatro jornadas de paro para el miércoles 28 de octubre, el martes 3 de noviembre, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. Las fechas fueron anunciadas por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que impulsa medidas de fuerza para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La convocatoria corresponde al sector nodocente; los eventuales paros docentes deben considerarse por separado, según las decisiones de sus organizaciones gremiales.

EL AUMENTO DEL 6% QUE NO ALCANZA

Uno de los puntos centrales de la disputa es la propuesta salarial del Gobierno nacional. El Ministerio de Capital Humano informó el 1 de septiembre que la pauta para el bimestre alcanzaba el 6%: un 3% correspondiente a septiembre y otro 3% para octubre.

Para los sindicatos, la discusión no se reduce a la existencia de un aumento nominal, sino a cuánto permite recuperar frente a la inflación y a la pérdida acumulada del poder adquisitivo. En ese marco, los docentes universitarios vienen reclamando una recomposición muy superior a la oferta oficial.

El problema repercute directamente en quienes sostienen a diario las clases, las tareas administrativas, la investigación y los servicios de las universidades. La brecha entre los ingresos y el costo de vida se convirtió en uno de los principales argumentos de las organizaciones gremiales para mantener el plan de lucha.

UNA LEY DE FINANCIAMIENTO EN EL CENTRO DE LA DISPUTA

El reclamo salarial convive con otra discusión de fondo: la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios exigen que el Gobierno cumpla con la normativa y garantice los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones.

También cuestionan la situación presupuestaria del sistema y reclaman que se contemplen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional 2027. La discusión alcanza a la enseñanza, la investigación científica, la extensión universitaria y las condiciones en las que miles de estudiantes cursan sus carreras.

La tensión, además, tiene una dimensión judicial. Las organizaciones universitarias vienen reclamando el cumplimiento de las decisiones que ordenan avanzar con la aplicación de la normativa de financiamiento y recomposición salarial.

LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS, TAMBIÉN AFECTADOS

El conflicto no termina en las puertas de las facultades. La UNLP cuenta con establecimientos educativos propios, entre ellos el Colegio Nacional Rafael Hernández, el Liceo Víctor Mercante, el Bachillerato de Bellas Artes, la Escuela Graduada Joaquín V. González y la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería María Cruz y Manuel L. Inchausti.

Las reiteradas medidas de fuerza ya tuvieron consecuencias sobre el calendario escolar. La Nación informó el 8 de octubre que los estudiantes de las escuelas dependientes de la universidad acumulaban 38 días sin clases durante el ciclo lectivo como consecuencia de los distintos paros y medidas gremiales.

Para las familias, la interrupción de las actividades implica reorganizar horarios, cuidados y obligaciones laborales. Para los estudiantes, significa afrontar un calendario cada vez más complicado, con contenidos que deben recuperarse y evaluaciones que pueden verse afectadas.

No obstante, la adhesión de los docentes y la suspensión de clases en cada establecimiento deben confirmarse de acuerdo con las convocatorias correspondientes. Las cuatro fechas anunciadas por FATUN no implican, por sí solas, que todos los sectores de la universidad hayan convocado a parar esos mismos días.

UN CONFLICTO QUE SIGUE ABIERTO

El escenario universitario combina reclamos salariales, disputas presupuestarias y una discusión sobre el futuro de la educación pública. Mientras los gremios sostienen que los aumentos ofrecidos no compensan la pérdida de ingresos, el Gobierno mantiene su propuesta salarial y la controversia por el financiamiento continúa.

En La Plata, donde la universidad forma parte de la identidad de la ciudad y de la vida cotidiana de miles de familias, cada nueva medida de fuerza vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: cuánto tiempo más podrá sostenerse el calendario académico en medio de un conflicto que todavía no tiene una solución consensuada.