El penal como call center del crimen

El video es brutal. Un interno hace un vivo desde su celda. Se ríe, comenta, se muestra. Detrás, casi como música de fondo, se escucha a otro preso apretar a una víctima del otro lado del teléfono. La amenaza es clara. La extorsión también. No es ficción. No es archivo. Es ahora. Es adentro de una cárcel argentina.

El debate ya no admite eufemismos. ¿Para qué están las cárceles? Para que quienes cometieron delitos cumplan una condena, apartados de la sociedad a la que dañaron. Sin embargo, el encierro dejó de ser una frontera. El celular convirtió a los penales en oficinas remotas del crimen. Desde allí se planifican asaltos, se coordinan balaceras, se organizan estafas y se ejecutan extorsiones.

El argumento humanitario que habilitó el uso de teléfonos durante la pandemia, para que los internos pudieran comunicarse con sus familias ante la suspensión de visitas, se transformó en un colador permanente. Lo excepcional se volvió regla. Y desde 2020 a esta parte, la señal no se cortó. Lo que sí se cortó fue la idea de que la cárcel implicaba, al menos, una pausa en la carrera delictiva.

Los ejemplos sobran. La llamada “banda del millón” operaba con su jefe tras las rejas, dando instrucciones desde un celular. El resultado fue un asalto salvaje contra una jubilada de 82 años, conocida en redes, golpeada, atada y torturada durante casi dos horas. El cerebro estaba preso. La violencia, no.

En Rosario, la estructura de Los Monos demostró durante años que el liderazgo criminal puede sostenerse desde el encierro. Órdenes que bajan desde pabellones, sicarios que ejecutan en la calle, balaceras contra frentes de casas, amenazas a comerciantes y familiares. La cárcel como centro de operaciones. El delito tercerizado, pero perfectamente dirigido.

El mecanismo es siempre el mismo: el preso planifica y presiona; los cómplices afuera ejecutan. El celular es el puente. Sin ese puente, la logística se complica. Con ese puente, la sociedad queda rehén. Porque el que está encerrado no está realmente aislado. Está conectado. Y muchas veces, impune.

Mientras tanto, las personas que cumplen la ley reciben llamados intimidatorios, mensajes de voz con amenazas, pedidos de dinero bajo coacción. Pagan por miedo. Denuncian y esperan. Y vuelven a sonar los teléfonos.

El Estado sabe que ocurre. Las autoridades penitenciarias saben que ocurre. La política sabe que ocurre. Sin embargo, los dispositivos siguen ingresando, circulando y transmitiendo. La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿qué se está haciendo para proteger a la gente que está afuera? Si quienes están adentro continúan operando, la condena pierde sentido.

La cárcel no puede ser un coworking del crimen. No puede ser un estudio de streaming para la extorsión en vivo. No puede ser un centro de comando con señal 4G.

La sociedad no está obligada a tolerar que quienes fueron privados de su libertad conserven intacta su capacidad de dañar. El encierro es una sanción. No un detalle administrativo.

                                                      ¿Qué opinás? ¿Celulares sí o celulares no?
                                                                                         

                                                             Te leemos en los comentarios ?