Chocobar vuelve al centro de la pelea: Bullrich rechaza a la fiscal Pernas y pone en discusión hasta dónde debe llegar el respaldo a un policía

El caso Chocobar volvió a poner sobre la mesa una discusión que en la Argentina nunca terminó de cerrarse: qué puede hacer un policía cuando enfrenta a un delincuente, qué respaldo debe recibir cuando actúa para proteger a un ciudadano y, al mismo tiempo, cuáles son los límites legales que no puede cruzar.

Esta vez, la discusión llegó al Senado y tuvo como protagonistas a Patricia Bullrich y a la fiscal Susana Pernas.

Durante la audiencia de la Comisión de Acuerdos, Bullrich cuestionó la actuación de Pernas en la causa contra Luis Chocobar y anunció que no acompañará su nuevo nombramiento. La senadora sostuvo que la fiscal había pedido una condena para el policía que intervino después de que un turista estadounidense fuera atacado y apuñalado durante un robo en La Boca.

“Voy a votar en contra del nuevo nombramiento de la fiscal Susana Pernas”, afirmó Bullrich, quien sostuvo que el accionar de la Justicia frente a determinados policías puede generar un problema de fondo: que los efectivos terminen sintiendo que intervenir para defender a una persona puede significar, posteriormente, quedar ellos mismos sentados en el banquillo de los acusados.

Pero el caso requiere mirar también qué ocurrió judicialmente.

El 8 de diciembre de 2017, Luis Chocobar, entonces integrante de la Policía Local de Avellaneda, intervino después de un robo en el barrio porteño de La Boca en el que el turista estadounidense Frank Wolek había sido apuñalado. Durante la persecución, Chocobar disparó contra Juan Pablo Kukoc, quien murió posteriormente.

En 2021, el Tribunal Oral de Menores N°2 condenó al policía a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber. La fiscalía, encabezada por Pernas, había solicitado tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación.

Pero esa sentencia no quedó firme.

En 2024, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la condena y ordenó realizar un nuevo juicio, al considerar que existían inconsistencias y contradicciones en los fundamentos de la sentencia original. La fiscalía, entre ellas Pernas, recurrió posteriormente esa decisión ante la Corte Suprema.

Y ahí aparece el verdadero debate.

Porque una cosa es discutir si un policía utilizó correctamente la fuerza y otra muy diferente es construir un sistema en el que los efectivos tengan que elegir entre intervenir ante un delito o quedarse paralizados por temor a terminar procesados.

Un policía tiene una responsabilidad enorme. Tiene que actuar dentro de la ley, evaluar una situación de riesgo y utilizar la fuerza de manera proporcional a las circunstancias. Pero también tiene una obligación: proteger a la sociedad.

El ciudadano que es atacado, robado, apuñalado o amenazado no puede quedar convertido en un espectador mientras el delincuente escapa.

Y tampoco puede desconocerse el otro lado de la cuestión: el Estado tiene la obligación de investigar cuando un efectivo utiliza su arma y determinar si esa intervención estuvo dentro de los límites legales. El uniforme no convierte automáticamente una actuación en legítima, pero tampoco debería convertirse en una presunción de culpabilidad.

Ese equilibrio es justamente el que vuelve a estar en discusión.

Bullrich plantea que la Policía necesita un respaldo institucional claro para poder cumplir su función. Durante sus declaraciones sostuvo que la doctrina aplicada en determinados casos debe revisarse porque, según su interpretación, si los efectivos no tienen seguridad respecto del respaldo que recibirán después de intervenir, la respuesta policial puede verse condicionada.

Pernas, por su parte, defendió su trayectoria y consideró injusto el cuestionamiento durante el intercambio producido en el Senado. La postulación que generó la controversia fue enviada por el Poder Ejecutivo y propone a Pernas para desempeñarse como fiscal general ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal.

La Comisión de Acuerdos, además, no pudo avanzar con la firma del dictamen porque no reunió quórum durante la audiencia del miércoles.

Más allá de nombres, cargos y peleas políticas, el caso vuelve a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿qué espera la sociedad de un policía cuando se encuentra frente a un delincuente armado o frente a una persona que acaba de ser víctima de un delito?

¿Que intervenga?

¿Que persiga?

¿Que use su arma cuando la situación lo requiera?

¿O que mida cada segundo pensando en que, si después la Justicia considera que se excedió, el acusado podría terminar siendo él?

La respuesta no puede ser una carta blanca para la violencia policial. Pero tampoco puede ser un sistema en el que el miedo a las consecuencias judiciales termine debilitando la capacidad de los efectivos para proteger a quienes están siendo atacados.

El desafío, entonces, no es decidir entre “policías” y “delincuentes”. El desafío es construir reglas claras: que el delincuente responda ante la Justicia, que el ciudadano sea protegido y que el policía que actúa dentro de la ley tenga respaldo.

Y cuando exista un exceso, que también responda.

El caso Chocobar vuelve a poner esa frontera bajo la lupa. Esta vez, la discusión no solamente pasa por lo ocurrido aquella mañana de diciembre de 2017. Pasa por algo mucho más actual: qué Policía quiere la Argentina y qué respaldo está dispuesta a darle una sociedad que reclama seguridad todos los días.