BAUTISTA TIENE SÍNDROME DE DOWN Y UN AMPARO JUDICIAL, PERO IOMA NO RESPETA LA JUSTICIA

Hay familias que creen que una orden judicial alcanza para hacer valer un derecho. La de Bautista ya no está tan segura.

El niño, de 6 años, tiene síndrome de Down y desde muy pequeño realiza tratamientos fundamentales para su desarrollo. Psicología infantil, terapia ocupacional, fonoaudiología, hidroterapia y kinesiología forman parte de una rutina que, según sus padres, le permitió importantes avances en su comunicación y en sus habilidades cognitivas.

Sin embargo, Andrea y Gerardo, ambos empleados de la provincia de Buenos Aires y afiliados a IOMA, denuncian que la obra social incumple una medida de amparo vigente y que las profesionales que atienden a su hijo no cobran desde hace meses.

"Las terapistas de Bautista no perciben sus honorarios desde enero de 2026 y, en el caso de su psicopedagoga, desde noviembre del año pasado", relataron. La situación, aseguran, pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.

La familia presentó reclamos administrativos los días 8 y 29 de abril ante IOMA, pero afirma que nunca obtuvo respuesta. También realizó nuevas presentaciones judiciales junto a su abogada y sostiene que, pese a los requerimientos del juzgado, hace más de un mes espera información que todavía no llega.

Actualmente Bautista cursa primer grado en el colegio Jesús Obrero de Mar del Plata, acompañado por una maestra integradora y un acompañante terapéutico. Para sus padres, cada sesión representa una oportunidad de crecimiento que no puede recuperarse con el paso del tiempo.

"Lo que hoy no aprende, no lo puede aprender mañana. Por eso fue tan importante que empezara sus terapias cuando tenía apenas dos meses de vida", explican.

También advierten que la interrupción de los tratamientos podría provocar un retroceso en su desarrollo. "Tiene poco lenguaje, dice palabras cortas y muchas por repetición, pero gracias a la fonoaudiología avanzó muchísimo en el último tiempo. Perder ese trabajo sería volver hacia atrás", lamentan.

La historia de Bautista excede un conflicto administrativo. Su familia sostiene que detrás de cada expediente demorado hay un niño cuyo futuro depende de terapias que no pueden esperar. Y ahí aparece una pregunta incómoda: si existe una medida de amparo que ordena garantizar un derecho y aun así, según denuncian sus padres, la respuesta nunca llega, ¿para quién rige realmente la ley? Porque cuando una resolución judicial depende de la voluntad de quien debe cumplirla, el principio de igualdad empieza a convertirse en una promesa vacía.