Quilmes: denuncian que el avance de countries podría dejar sin hogar a familias que viven hace más de 40 años en la zona

A la redacción de Diario Identidad llegó información que alertaría sobre una delicada situación social que estaría desarrollándose en el barrio Rivera del Uno, ubicado en la zona limítrofe entre Quilmes y Berazategui, a la altura de avenida Varela y la autopista.

De acuerdo con los testimonios recabados por personas que acompañan a los vecinos, el barrio estaría integrado por más de 55 familias, aunque un relevamiento que actualmente se encontraría en curso indicaría que el número podría ser aún mayor. Muchas de estas personas habrían levantado sus hogares allí hace más de cuatro décadas.

Las condiciones de vida serían extremadamente precarias. Según las denuncias, gran parte de las familias no contaría con acceso formal a servicios básicos como agua potable o energía eléctrica, una realidad que, lejos de ser nueva, se habría prolongado durante años sin respuestas definitivas.

Sin embargo, el conflicto habría escalado ante el presunto avance de dos emprendimientos inmobiliarios privados que se desarrollarían en las inmediaciones. Uno de ellos sería Nuevo Quilmes 2, mientras que el nombre del segundo no pudo ser confirmado.

Según trascendió, las obras incluirían infraestructura vial vinculada a estos proyectos y afectarían directamente al sector donde actualmente residen las familias. Los vecinos temen que esta situación derive en desalojos sin una solución habitacional previa.

Quienes intervienen en el caso sostienen además que algunas familias habrían sido incorporadas al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), mientras que otras habrían visto rechazadas sus solicitudes. También denunciaron presuntas amenazas e intentos de amedrentamiento que deberán ser investigados por la Justicia para determinar si existieron responsabilidades penales.

Frente a este escenario, se estaría trabajando en la presentación de un amparo colectivo y una medida cautelar con el objetivo de impedir cualquier desplazamiento forzado hasta tanto se garantice una respuesta integral para los habitantes del lugar.

El caso vuelve a abrir un debate profundo sobre el modelo de desarrollo urbano y sus consecuencias sociales. Porque detrás de cada proyecto existen historias, familias, niños y adultos mayores que aseguran haber construido su vida en ese territorio.

Y la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿qué hará el Municipio de Quilmes si estas denuncias se confirman? ¿Existe un plan de reubicación para quienes podrían perder su vivienda? ¿O estas familias pasarán a engrosar la larga lista de personas que sobreviven en la incertidumbre y la exclusión?

Si el crecimiento de algunos implica que otros queden a la deriva, la discusión ya no es solamente urbanística. Es, ante todo, una cuestión de humanidad y de responsabilidad política. Porque el verdadero progreso no puede medirse únicamente por los barrios privados que se construyen, sino también por la capacidad del Estado de proteger a quienes tienen menos y garantizar que nadie sea condenado a quedarse sin un lugar donde vivir.